Actos de disposición sobre el propio cuerpo

Abogada. Doctora en derecho y bioética, Universidad de Barcelona. Subdirectora de Derechos Humanos de la S. C. de Mendoza. Directora de la carrera de Bioética y Bioderecho de la Universidad de Mendoza.

1. La regla. El artículo 56 del Código Civil y Comercial (CCyC) contempla los actos de disposición sobre el propio cuerpo y dispone: “Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial.

El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido, y es libremente revocable”.

Este artículo extiende la regla de la indisponibilidad relativa de los derechos personalísimos a los relacionados con el propio cuerpo.

El artículo recepta las reglas de interpretación constitucional derivadas del artículo 19 de la Ley Fundamental. En consecuencia, a través del "derecho a la privacidad" –desde la esfera de la voluntad– dimanan las decisiones sobre la integridad corporal, la salud y la "personalidad física". Luego, amparada la esfera de las decisiones individuales en el artículo 19 de la Constitución Nacional (CN) –que escuda a la persona de toda injerencia de terceros– la decisión sobre el propio cuerpo "hace a la autodeterminación y autonomía personal". Estos son los fundamentos filosóficos de la norma.

Entonces, en principio, conforme lo establecido en los artículos 26, 55, 58 y 59 del Código Civil y Comercial (CCyC) y lo prescripto en la ley 26.529 y su reglamentación, toda persona competente puede disponer del propio cuerpo a través de un acto de voluntad, libre y revocable.

Ahora bien, a los efectos de establecer límites en resguardo de la dignidad de la persona humana, el mencionado artículo 56 establece que no se puede disponer del propio cuerpo en dos circunstancias: 1) cuando esa disposición causa una disminución permanente de la integridad que no tiene una razón de salud, de modo que no se permiten, por ejemplo, los actos de automutilación que no responden a razones médicas, o 2) cuando esa disposición es contraria a la ley, a la moral o a las buenas costumbres.

Entonces, el mero deseo de un individuo de disponer de partes de su cuerpo como si se tratasen de simples objetos, no basta para legitimar tales actos, si esto causa una disminución permanente de su integridad. Así, por ejemplo, ni la voluntad de vender un riñón, ni el deseo de amputarse un miembro sano sin ninguna necesidad terapéutica, se consideran compatibles con la dignidad humana.

Con esta norma se procura proteger el derecho a la integridad, estableciendo que cede ante los límites legales y morales que se imponen por el respeto a la dignidad humana. En otras palabras, como toda disposición de un derecho personalísimo, el límite de autodeterminación en lo que respecta a la disposición sobre el propio cuerpo lo constituye que no se afecte la dignidad de la persona humana.
 

2. La excepción. Sin perjuicio del principio general de libre disposición sentado en el artículo 59, CCyC, y en la ley 26.529, la norma sí permite disponer del propio cuerpo aun cuando ello ocasione una disminución permanente de su integridad, si se justifica o es requerido para el mejoramiento de la salud de la persona (por ejemplo, si se requiere amputar una pierna gangrenada) o excepcionalmente la salud de otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico (v.gr., la donación de un órgano).

Es decir, este derecho de disposición sentado en el artículo anterior, se extiende a los actos que afectan al propio cuerpo de la persona y que producen una disminución permanente de su integridad, si son requeridos para el “mejoramiento de la salud de la persona” o "excepcionalmente" al mejoramiento de la salud de otra persona.
 

3. El consentimiento. El Código aclara que el consentimiento para disponer de los actos sobre el propio cuerpo que no quedan comprendidos en la prohibición, es decir, los actos que aunque importen una disminución permanente de la integridad, responden a cuestiones de salud, no puede ser suplido, de modo que no puede ser otorgado por representación. Se trata entonces de un consentimiento específico de la persona y libremente revocable, de modo que su revocación no genera responsabilidad.
 

4. Disminución permanente de la integridad. Como se vio, para que opere la prohibición, el CCyC exige que los actos de disposición generen una disminución permanente de la integridad que no se justifique por una razón de salud. Consecuentemente, esta prohibición no alcanza a las partes renovables del cuerpo, como el pelo, óvulos, semen, sangre, leche materna, etcétera, porque su disposición no ocasiona una disminución permanente de la integridad corporal.

No obstante, aunque sí se puede disponer de estas partes renovables, se aplica respecto de éstas, en consonancia con lo dicho en este capítulo, el artículo 17 del CCyC.

En el artículo 17 se extiende el reconocimiento de la dignidad atribuida al cuerpo como soporte de la persona a las partes del mismo, asegurando un trato diferenciado respecto de éstas. Este trato diferenciado se asienta primordialmente en la prevalencia del principio de no comercialidad. Tomar una parte separada del cuerpo vivo como una cosa, importa autorizar a que entre en el tráfico mercantil desvirtuando la consideración y el respeto por la dignidad humana, respeto que necesariamente debe transmitirse a las partes separadas del cuerpo. Existe aquí una representación simbólica: todo lo humano participa de un mismo régimen. Que esté integrado a la unidad corporal o que esté separado, no tiene a estos fines ninguna relevancia.

Se parte de que el derecho a la integridad personal se extiende tanto al cuerpo como a las piezas anatómicas una vez extraídas del cuerpo, mientras sea posible la identificación de éstas con dicha persona. La información sobre las distintas partes del cuerpo y, en especial, los genes, forman parte del derecho de la persona. Todo se incluye dentro del derecho a la autodeterminación, de lo que se deriva, además, que estos derechos están fuera del comercio. No tienen un valor económico, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social.

Otorgarle al sujeto del cual se separó una parte un derecho de propiedad sobre ella, importa al mismo tiempo dejar al mercado la posibilidad de apropiarla al margen de toda consideración de orden humanista.

Entonces, el artículo 17 parte de que el derecho a la integridad personal se extiende tanto al cuerpo como a las piezas anatómicas una vez extraídas del cuerpo, mientras sea posible la identificación de éstas con dicha persona.

El valor configura un elemento de la tipicidad de la noción de bien y está calificado porque es afectivo (representa algún interés no patrimonial para su titular), terapéutico (tiene un valor para la curación de enfermedades), científico (tiene valor para la experimentación), humanitario (tiene valor para el conjunto de la humanidad), social (tiene valor para el conjunto de la sociedad).
 

5. La ablación de órganos. En lo que respecta a todo lo concerniente a la ablación de órganos para ser implantados en otras personas, el artículo remite a la legislación especial, es decir, a la ley 24.193 modificada por la ley 26.066, que se funda en los mismos lineamientos que el artículo 56, CCyC.

Conforme el artículo 14 de esa ley, la extracción de órganos o tejidos en vida con fines –exclusivamente– de trasplante, debe ser entre personas relacionadas y sólo está permitida en la medida en que razonablemente no cause un grave perjuicio a la salud del dador y, a su vez, existan perspectivas de éxito para el receptor.

Estas limitaciones tienen como fundamento que no se propician políticas de salud basadas en el deterioro de la calidad de vida de las personas vivas.

Concordantemente, el Principio 3 de la Organización Mundial de la Salud (Principios Rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos aprobados por la 63ª Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su Res. WHA63.22) señala que las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial terapéutico, aunque acepta que los adultos vivos sean dadores de órganos, de conformidad con la reglamentación nacional.

Frente a la tensión entre el principio de no maleficencia respecto del dador y el principio de beneficencia del receptor, hay pautas muy claras. Al dador, el acto de ablación no debe razonablemente causarle un grave perjuicio a la salud. Y puesto el foco en el receptor, no se exige certeza de éxito sino tan solo su posibilidad, bien sea para conservar la vida o mejorar su salud.

Para la ley se trata de un acto personalísimo, por lo que prevé que el consentimiento no puede ser sustituido ni complementado.
 

6. Fuentes. La norma se inspira en el artículo 5º del Código Civil italiano, según el cual "los actos de disposición sobre el propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionan una disminución permanente de la integridad física o cuando sean de otro modo contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres". Norma que fue pionera y luego se reprodujo, aunque con algunas variantes, en numerosos codigos civiles (Perú, Costa Rica, Francia, Quebec, etc.).
 

Bibliografía

ANDORNO, Roberto. La persona humana en el proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial. Revista de Derecho de Familia de las Personas, Año IV, N° 7, agosto 2012, p. 232.

CANTAFIO, Fabio Fidel.La salud y los derechos personalísimos en el Proyecto de Código.La Ley 16/11/2012, 16/11/2012, 1 - La Ley 2012-F, 988. Cita Online: AR/DOC/3744/2012.

LORENZETTI, Ricardo L. Presentación del Código Civil y Comercial de la Nación. La Ley 06/10/2014, 06/10/2014, 1; AR/DOC/3561/2014.

PAGANO, Luz María. Trasplantes de órganos y tejidos. Aspectos relevantes. ED (27/03/2012, N° 12.966).
 

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Recibido: 10/05/2016; Publicado: 03/2017