Actos peligrosos

Abogada. Doctora en derecho y bioética, Universidad de Barcelona. Subdirectora de Derechos Humanos de la S. C. de Mendoza. Directora de la carrera de Bioética y Bioderecho de la Universidad de Mendoza.

1. La prohibición de actos peligrosos como una forma de respeto a la dignidad e integridad. El respeto por la integridad y dignidad de la persona humana, ínsito en todo el capítulo III –Libro Primero, Título I– del Código Civil y Comercial (CCyC), conlleva garantizar que no se puede exigir el cumplimiento de un contrato que tenga por objeto la realización de un acto que implica un peligro para la vida, integridad o salud de la persona.

Así, el artículo 54 contempla los actos peligrosos, previendo: “No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias”.

De esta manera, aunque la persona se pueda comprometer a través de un contrato a hacer algo que implique un peligro para su propio ser, y aun siendo válido ese contrato, éste no es exigible y no existe acción de cumplimiento. Nadie puede ser compelido a poner en peligro su vida o la integridad de su persona y esta negativa no genera responsabilidad.

Entonces, sobre la base del respeto a la integridad y dignidad de la persona humana, este precepto supone una excepción a la regla del efecto vinculante de los contratos (art. 961, CCyC). Es decir, frente a la regla general inherente a toda obligación de que debe ser cumplida, este artículo permite que el deudor de esa obligación pueda no cumplir sin que ello genere responsabilidad, si esa obligación conlleva riesgos para su vida o integridad.
 

2. La excepción. La excepción a la regla establecida en este artículo la constituye la circunstancia de que la actividad habitual de la persona implique ese peligro –por ejemplo ser torero, trapecista, circense, motociclista de carrera, etcétera (es imposible enumerar de modo exhaustivo las actividades que puede encerrar este supuesto)– pero siempre que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.

Es decir, la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación está supeditada al cumplimiento de dos condiciones: que esa actividad sea la habitual, profesional o no de la persona, y que se tomen las medidas de prevención y seguridad adecuadas.

Si se cumple con estas dos condiciones y la persona se rehúsa a cumplir con la obligación, incurrirá en responsabilidad civil, es decir, su incumplimiento generará las consecuencias patrimoniales de cualquier obligación no cumplida.

Si, por el contrario, no es su actividad habitual, o lo es pero no se adoptaron medidas de prevención y seguridad, puede, conforme la autoriza este artículo, rehusarse a cumplir sin que ello genere responsabilidad civil.
 

3. Fuente. La fuente directa de este artículo la constituye el artículo 115 del Proyecto de 1998. Esto, a su vez, encuentra su fuente en el Código Civil peruano. 

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Recibido: 10/05/2016; Publicado: 03/2017