Objeción de conciencia

Abogado, UBA. Fue Docente-Investigador (UBA), con desempeño en temas de Bioética. Es Docente y Tutor de Educación a Distancia del Instituto de Seguridad Pública (Provincia de Santa Fe) en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Penal.

Tomando su acepción que, desde la filosofía práctica, corresponde considerar, y no siendo pertinente reseñar aquí a las diversas líneas de pensamiento referentes a su concepto, basta con recordar que, según el Diccionario de la Lengua Española (RAE), la conciencia puede describirse como el “sentido moral o ético propios de una persona” y el “conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios”. Pudiendo decirse que, en este contexto, lo primero, deliberación mediante, lleva a obrar de acuerdo con lo segundo, según las propias creencias y valores y en ejercicio de la autonomía moral, eligiendo por uno mismo lo que va a hacer (autodeterminación y responsabilidad). Lo cual constituye una libertad propia del ser humano: la libertad de conciencia (LC). Cuyo respeto implica necesariamente no ser obligado a participar en un acto prohibido por la propia conciencia, sea que la prohibición obedezca a creencias religiosas o a convicciones éticas. Debiendo el Estado abstenerse de imponer una posición moral o religiosa a la comunidad, tratándolas a todas por igual, siempre que no violen o perjudiquen la autonomía personal de otros, es decir, que no causen daños a terceros.

Esto es así porque, sobre la base de la dignidad humana y de la autonomía personal (Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos –DUBDH–, arts. 3º-1 y 5º) y atendiendo al multiculturalismo y consecuente pluralismo propio de las sociedades democráticas contemporáneas –en las cuales conviven individuos de diversas cosmovisiones, credos, idearios e ideologías, cuyas pautas morales siempre tienen improntas propias distintivas y facetas disidentes–, puede afirmarse que estas ideas se traducen en el imperativo ético y en el valor jurídico del respeto a la conciencia ajena, pues la aceptación de una sociedad pluralista consiste en el respeto de la moral de los otros (y que ellos respetan la nuestra). Por lo cual, por un lado, cabe preconizar el respeto por diversidades y discrepancias, y por el otro, la exclusión de la imposición de principios morales o de normas legales ajenas a las íntimas convicciones legítimas del agente moral, ya que todo individuo tiene derecho a tomar las decisiones que le atañen en concordancia con sus principios.

Jurídicamente, la LC –que es una variante de la libertad de pensamiento (la cual a su vez es una especificación del derecho a la privacidad: art. 19, CN), que comprende a la libertad de creencias, sea en materia política, social, filosófica o religiosa (siendo un derecho más amplio que la libertad de cultos, que alude al derecho de practicar una determinada confesión religiosa)– abarca el derecho a pensar libremente, el derecho de cada uno a formar su propio juicio, sin interferencias del Estado ni de los demás hombres. Todo lo cual resulta a las claras del Pacto de San José de Costa Rica (PSJCR), en cuanto indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento” (art. 13.1.), contemplando también expresamente a la libertad de conciencia (LC) y de religión (art. 12).

De allí se sigue la posibilidad y la licitud de la objeción de conciencia (OC), que es una concreta manifestación de la LC, consistente en negarse a intervenir (ejecutar, participar, soportar y aún presenciar) en un hecho o acto de cualquier índole que violente las convicciones éticas y/o a las creencias religiosas propias, es decir, a la LC. En definitiva, a la autonomía moral.

Siendo que la OC se configura como una exigencia que reclama el respeto de una conducta dictada por la propia conciencia, esfera de inmunidad de coacción que excluye toda intromisión que coarte la sincera convicción de la persona o su libre adhesión a los principios que considera correctos o verdaderos. La persona se rehúsa a hacer –ora excusándose, ora rechazando– todo aquello que contraría tales postulados íntimos.

En particular, es la existencia de alguna legislación lo que puede originar a la OC, al generar la colisión de dos ordenamientos diferentes –y aquí antitéticos– en el seno de una conciencia individual, pero con proyección social (pues las consecuencias jurídicas de ciertos actos u omisiones se proyectan socialmente, abarcando a sus implicados): tal ley se enfrenta (y viceversa) a ciertas convicciones, a los propios imperativos de conciencia de un ciudadano.

Ahora bien, las normas legales pueden programar actos obligatorios, prohibidos (ambos en forma coercitiva) o facultativos. Esta última programación habilita a obrar o no, o de uno u otro modo, sin imponer la forma de lo actuado. Aquí, quien no está de acuerdo con la permisión legal, simplemente no la obra, porque está legalmente facultado para ello y sin consecuencia jurídica adversa alguna. Por ejemplo, si la ley faculta la práctica del aborto en ciertos casos (para preservar la vida o salud de la gestante; por ser la gestante jurídicamente incapaz; embarazo proveniente de violación; por indicación fetal; por razones socioeconómicas; por su propia voluntad autosuficiente), la mujer que no está de acuerdo con abortar no lo hace y listo.

Pero la ley puede exigir obrar ciertos actos (y establecer penalidades para sus infractores) que pueden herir profundamente la conciencia de un ciudadano, como la prestación de algún servicio militar obligatorio. Respetando la diversidad de pensamiento y poniendo el acento en la dignidad de elegir, numerosos órganos judiciales de diversos países han admitido el derecho del ciudadano de negarse a prestar tal servicio –es decir, validaron a su OC–, reemplazándolo por un servicio equivalente, de otra naturaleza (p.ej., trabajo comunitario), sino decidiendo que lo preste sin portar armas, tal como lo hizo, hace años y antes de su suspensión (ley 24.429, art. 19), nuestra Corte federal (caso “Portillo”, 18/4/1989). Tribunal que, en materia del derecho a la educación, admitió la procedencia de una acción de amparo entablada contra la medida que separó de un establecimiento escolar a dos niños por haberse negado a reverenciar los símbolos patrios a causa de la confesión religiosa de sus padres (caso “Barros”, 6/3/1979).

Volviendo al ejemplo del aborto jurídicamente justificado (art. 86, párr. 2º, incs. 1. y 2., Cód. Penal; CSJN, “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, 13/3/2012; “Guía Técnica para Atención Integral de los Abortos No Punibles”, Ministerio de Salud de la Nación, 2000), es claro que su práctica siempre es facultativa para la mujer. Pero si ella opta por abortar y lo solicita, no es deber legal de todo médico efectuarlo, pudiendo manifestar su OC, oportuna y justificadamente. Adviértase, pues, que algunas normas legales son absolutamente facultativas para uno de sus destinatarios, pero no lo son plenamente para el otro: al facultar a la gestante la práctica de un aborto, la ley a la vez determina que alguien debe efectuarlo: el médico. Y si este último no admite practicarlo por razones de conciencia (motivos religiosos, su interpretación del juramento hipocrático, etc.), es la propia ley la que lo faculta a ello mediante el ejercicio de la OC: la mujer embarazada no necesita aquí dar razones para no proceder a la práctica del aborto; los médicos, sí. Y si la OC no está expresamente contemplada en normas legales particulares, ello no obsta para su procedencia, pues basta con la existencia de normas constitucionales o supranacionales (como las del PSJCR, antes citadas) para admitirla. Con más lo dispuesto en los códigos deontológicos, los cuales, si bien carecen de la jerarquía de ley, son elementos relevantes a considerar en la buena práctica judicial. Por ej., el “Código de Ética” de la Confederación Médica Argentina (actualizado) –-si bien no aporta gran cosa en materia de aborto y esterilización (arts. 118 y 125)–, al igual que el “Código de Ética Médica” del Sindicato Médico del Uruguay (1995) –cuyo art. 32 pasó a ser el art. 36 del “Código de Ética Médica” sancionado por la ley 19.286 (2014)–, establece que el médico “tiene derecho a abstenerse de hacer prácticas contrarias a su conciencia ética aunque estén autorizadas por la ley”, teniendo “en ese caso la obligación de derivarlo a otro médico” (art. 203). Y esto último, si bien no es novedoso (por ej., ver “Declaración de Oslo. Postulado sobre el aborto terapéutico”, 1970, Asociación Médica Mundial), es fundamental.

Porque si un médico considera que sus convicciones no le permiten aconsejar y/o realizar una determinada práctica, ello es aceptable y puede retirarse del caso, siempre que haga saber oportunamente su OC tanto al paciente como a su superior jerárquico (en su caso) y que responsablemente asegure la continuidad de la asistencia médica por otro profesional idóneo para alcanzar el fin indicado. Puesto que no se trata –ni es admisible– aquí de la sola negativa, por más fundada que fuere, a efectuar tal o cual práctica médica, dado que el paciente cuenta con derecho a que aquella se le realice, no debiendo el primero calificar de moralmente indeseable a una decisión que no comparte si ella es autónoma y, en su caso, facultada por la ley. Y de allí que la OC obligue a la derivación a otro profesional, cuya conciencia sí le permita proceder en el caso, bajo las mismas condiciones de información y libertad que debe gozar quien la requiere.

En este orden de ideas y en una materia específica (esterilización quirúrgica), tenemos legalmente contemplado al derecho del personal sanitario de ejercer OC, pero ello “no exime de responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes están obligados a disponer los reemplazos necesarios de manera inmediata” (ley 26.130, art. 6º). Por supuesto y en todo caso, por tratarse de una decisión propia, es inadmisible alguna suerte de OC “institucional”.

Es más, toda OC formulada por un médico debe estar fundada, y por tanto, de acuerdo con Tinant, debe ser: a) idónea: el profesional que invoque la OC debe acreditar que la praxis de que se trate violenta sus creencias o convicciones íntimas (sinceridad y seriedad de su oposición); y b) oportuna, esto es, que su decisión no ponga en peligro cierto ni la vida ni la salud del paciente, para lo cual debe procurar ser reemplazado a tiempo (adecuada instrumentación). Por supuesto, las autoridades hospitalarias tienen el deber de respetar dicha OC, y deben disponer el relevo pertinente.

De lo contrario, la OC será, respectivamente, infundada (carente de sustento, sino antojadiza y/o arbitraria) o inoportuna. En el primer caso, si una supuesta OC es empleada como medio para diferir, impedir o no efectuar cualquier acto médico, este temperamento, a más de ser éticamente incorrecto y de habilitar el ejercicio de la acción de amparo contra el nosocomio y/o profesional/es renuentes (art. 43, CN), es pasible de generar responsabilidad jurídica por daños y perjuicios de los anteriores (arts. 1716, 1737, 1749 y 1753, Cód. Civil y Comercial [CCyC]), pues importa un incumplimiento doloso de los deberes profesionales del médico remiso (art. 1724, CCyC). Y cuando la OC es efectuada en forma intempestiva y/o abusiva (arts. 10 y 1710/1711, CCyC) y ello perjudica al paciente (p.ej., si no se ha procurado en tiempo y forma la actuación de otro profesional, no contándose con este último en la fecha fijada para efectuar la práctica médica cuestionada), su responsabilidad jurídica es también aquí indiscutible, pues dicha imprudencia resulta manifiesta (arts. 1721 y 1725, CCyC). En ambos casos, de no producirse suficiente prueba de descargo, el resarcimiento civil debe ser integral (arts. 1738, CCyC).

Por supuesto, la OC puede ser ejercida por todo profesional de la Salud. Por ejemplo, la ley de ejercicio de la Enfermería establece como derecho de los profesionales y auxiliares de la enfermería poder “negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en el paciente sometido a esa práctica” (ley 24.004, art. 9º, c.). Y el artículo 24 de la ley 3338 de la provincia de Río Negro, indica que “se respetará la objeción de conciencia de los/as profesionales mediante la firma de un documento público que comprometa dicha objeción, tanto en la práctica asistencial pública como en la privada. La objeción de conciencia de los/as profesionales no quita responsabilidad a los servicios de la red de asistencia pública de la provincia de la prestación de la práctica, debiendo arbitrarse los medios para su realización”. Obsérvese que este precepto impone a la manifestación documental de la OC el carácter de declaración jurada, tornándola obligatoria tanto en la práctica médica pública como en la privada, todo lo cual es un acierto y un criterio a seguir, pues con ello se evitan OC de orden estratégico, dobles discursos y otras inmoralidades.

Finalmente, es de ver que pueden darse situaciones en las cuales el médico se sienta, en conciencia, obligado a intervenir en la práctica de un acto médico que considera legalmente incriminado, ello según su propia ponderación de la autonomía decisoria del paciente y su visión de la beneficencia/no-maleficencia del acto en cuestión (no hablamos aquí de actos éticamente injustificables y que tampoco son actos médicos, sino delitos, como la tortura), aún a riesgo de padecer persecución legal. Por ejemplo, si se entiende que la ley no faculta al aborto por indicación fetal, la paciente está llevando adelante un embarazo anencefálico (una totalidad patológica, con riesgos para la gestante –polihiodramnios, etc.– y perturbaciones psíquicas y familiares, ante un feto inviable, por lo cual no hay aquí conflicto de valores alguno) y ella desea abortar. Este médico considera que obligar a esa mujer a llevar a término tal embarazo importa imponerle un acto supererogatorio, objetando así a esa prescripción legal. Así entendido, acceder a dicho pedido y practicar tal aborto sería aquí una cuestión de conciencia. Aunque, desde una correcta óptica legal, siendo que dicho embarazo afecta a la salud integral de la gestante (art. 86, párr. 2º, inc. 1º, Cód. Penal, en función del art. 10, 1., del “Protocolo de San Salvador”), se trata incuestionablemente de un aborto no punible (terapéutico).
 

Bibliografía

BIDART Campos, Germán J. (1996-1997). Manual de la Constitución reformada, T. 1 y T. 2. Buenos Aires: Ediar.

BLANCO, Luis G. (2006). Esterilización quirúrgica: marco constitucional, leyes de ejercicio de la medicina, acción de amparo y objeción de conciencia. En Cuadernos de Bioética, Nos. 12/13, pp. 281 y ss. Buenos Aires: Ad-Hoc.

BLANCO, Luis G. (2008). Objeción de conciencia. En Tealdi, Juan C. (Director). Diccionario Latinoamericano de Bioética, pp. 427/430. UNESCO Red Bioética Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética - Universidad Nacional de Colombia.

Comité de Ética del Hospital Privado de Comunidad (CHE-HPC) de Mar del Plata (2008). La anencefalia como problema bioético, Ediciones Suárez. Disponible en http://www.hpc.org.ar/images/adjuntos/683 - Lanari.pdf

DURAND, Guy (1992). La bioética. Bilbao: Desclée de Brouwer.

SAGÜÉS, Néstor P. (1997). Elementos de derecho constitucional, T. 2. Buenos Aires: Astrea.

TINANT, Eduardo L. (1998). Aborto terapéutico, principio «pro minoris» y objeción de conciencia del profesional. En Quirón, Vol. 29, Nº 1, pp. 9 y ss. La Plata, Buenos Aires: Fundación Dr. José María Mainetti para el progreso de la Medicina.

VARGA, Andrew C. (1991). Bioética. Principales problemas. Bogotá: Paulinas.

VERSPIEREN, Patrick (1989). Diagnóstico prenatal y aborto selectivo. Reflexión ética. En Abel, Francesc; Boné, Edouard; Harvey, John H. (Editores): La vida humana. Origen y desarrollo. Reflexiones bioéticas de científicos y moralistas, pp. 171 y ss. Madrid/Barcelona: UPCM & Instituto Borja de Bioética.
 

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Recibido: 17/10/2016; Publicado: 03/2017