Obras Sociales Provinciales

Abogado, UNLP. Diplomado en Derecho a la Salud y Legislación Sanitaria por la ECAE. Especializado en derecho médico.

1. Introito. Las Obras Sociales Provinciales (OSP) constituyen un segmento de la respuesta de la seguridad social que presta el Estado a la demanda de cobertura de salud por parte de la población.

El sector Salud se ha estructurado de manera tripartita: público, seguridad social y privado, a fin de brindar las prestaciones de salud ineludibles para satisfacer las necesidades de los estados de salud-enfermedad de los habitantes del territorio argentino.

Las obras sociales son entes de la seguridad social; sus fuentes históricas son el estado de bienestar y el constitucionalismo social. Encuentran fundamento legal en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Los dos grandes segmentos del instituto “obras sociales” en la Argentina son las obras sociales nacionales y las obras sociales provinciales.


2. Acerca de las Obras Sociales Provinciales (OSP). Estos entes de la seguridad social se originaron (como en un espejo) a imagen y semejanza de las obras sociales nacionales.

Desde el año 1955, en que se creó la primera OSP en la provincia de San Juan, paulatinamente se fueron dictando leyes especiales de creación de institutos provinciales que con distintas denominaciones (Caja de Servicios Sociales, Institutos de Previsión Social, Institutos de Seguros, etc.) y funciones (servicios previsionales y de salud), constituyen en la actualidad –reconversión y/o transformación de por medio– las denominadas OSP.

Las OSP están agrupadas en el Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina (COSSPRA). Esta institución civil sin fines de lucro nació en el año 1966 y contiene a las veintitrés obras sociales provinciales y a la obra social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las leyes de creación de las obras sociales provinciales poseen un denominador común que las caracteriza: su dictado se produjo en períodos de gobiernos de facto. Su orfandad congénita en valores y principios republicanos y democráticos, y de la filosofía del derecho internacional de los derechos humanos, resulta patente a poco que se recorra el texto fundacional de dichos ordenamientos.

Es que las normas sanitarias del siglo pasado (hasta bien avanzado el siglo XX, la salud no era considerada un derecho) eran expresión del marco cultural que vivenciaba la sociedad en la centuria pasada. Legislación que colocaba en los bordes de su regulación a la persona y que se (pre) ocupaba, esencialmente, de legislar sobre cuestiones relacionadas con el modelo médico imperante (hipocrático / paternalista / hegemónico) y con la estructura de la atención / negocio de la salud.
 

3. Concepto de las OSP. Son “entes autárquicos, que se sustentan en la filosofía de la seguridad social, los que tienen la finalidad de brindar servicios de salud y sociales a sus afiliados / beneficiarios forzosos, los que son financiados mediante el aporte y la contribución obligatorios, de los trabajadores / empleados públicos y del Estado provincial empleador”.
 

4. Características:

a)
Las OSP funcionan con autarquía administrativa, esto es, se bastan a sí mismas administrativa y financieramente (tienen su propio presupuesto e individualidad financiera –acorde a los recursos que le asigna la ley de creación–); integran la administración pública; dictan sus propias normas jurídicas (necesarias para llevar adelante su actividad), sin perjuicio del control administrativo que el Estado provincial ejerce sobre ellas, y satisfacen un bien de interés público: la prestación del servicio de salud a sus beneficiarios.

b) La filosofía que fundamenta el accionar de las OSP se asienta en la doctrina y los principios de la seguridad social. La Constitución Nacional (CN), en su artículo 14 bis, establece: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.” El fundamento de la seguridad social es la solidaridad. Esto es, las OSP protegen a los trabajadores/empleados públicos (afiliados obligatorios) y sus grupos familiares primarios, contra las consecuencias económicamente desfavorables provocadas por las contingencias sociales de los estados de salud-enfermedad, brindándole a esos fines, servicios de salud integrales.

c) Las OSP prestan el servicio de salud a sus beneficiarios. El objeto de estas organizaciones de la seguridad social es el de prestar servicios de salud (y sociales) a sus afiliados-beneficiarios (y sus respectivos grupos familiares), por medio de terceros (efectores).

d) Los afiliados-beneficiarios de las OSP son los empleados públicos (y sus grupos familiares) del Estado provincial. Las leyes de creación de las obras sociales provinciales determinan que los beneficiarios forzosos de los entes que se crean, son los empleados de la administración pública. Ello implica: i) la obligatoriedad de todo trabajador-empleado público de la administración pública provincial de afiliarse a la OSP de la jurisdicción (obligatoriedad se opone a opción); ii) a partir de que adquiere el carácter de afiliado, la norma adjudica al empleado público el carácter de cotizante, por lo que debe ingresar al fondo común de la obra social un porcentaje de su remuneración en calidad de aporte; iii) luego, consecuentemente, el empleado público/afiliado reviste en sí la figura de beneficiario, con lo cual adquiere el derecho a las prestaciones médicas (y sociales) que brinda la OSP. En general, las obras sociales provinciales reconocen como beneficiarios a los empleados de la administración pública provincial.

e) La financiación del sistema de Obras Sociales Provinciales (OSP) es contributivo, dado que concurren el trabajador y el empleador (seguro de salud). A la carga económica de los empleados públicos se la llama Aporte y la parte monetaria a cargo del Estado se la llama Contribución. Lo regulado en las leyes de obras sociales en torno a los aportes y contribuciones es una clara proyección de los principios de solidaridad y justicia social. Las leyes provinciales que regulan a las OSP fijan el quantum de los aportes obligatorios en cabeza de los empleados públicos entre el 3% y el 5% de las remuneraciones del sector activo y pasivo –igual respecto de los aportes de las personas que se incorporan voluntariamente al sistema–. Hay que agregar los recursos económicos que destina cada jurisdicción provincial.

Además, se prevén aportes adicionales para familiares que no entran en la definición de grupo primario o que exceden determinado número. La recaudación, por último, se complementa con otro tipo de ingresos donde el más conocido es el copago.
 

5. Similitudes con las Obras Sociales Nacionales (OSN)

a) Las Obras Sociales Nacionales se ajustan en su estructura jurídica al marco normativo que regula (desde el año 1989) el sistema nacional de obras sociales (ley 23.660) y el seguro de salud (ley 23.661). En cada jurisdicción provincial, las OSP han sido creadas por una ley especial.

b) Las OSN contienen como afiliados-beneficiarios a los trabajadores de la actividad de pertenencia de la misma; esto es, se originan para brindar las prestaciones médicas a los trabajadores de la actividad (p.ej., metalúrgicos, comercio, bancarios, etc.). Las OSP abarcan como sujetos beneficiarios a los empleados de la administración pública provincial.

c) Igualmente, las OSN como las Obras Sociales Provinciales (OSP) receptan en su seno a otros tipos de beneficiarios, por ejemplo, a los llamados “adherentes”.

d) Ambas tienen como objeto central de su existencia el proveer servicios de salud a sus afiliados-beneficiarios.

e) Igualmente, las OSN y las OSP suministran prestaciones sociales a sus afiliados-beneficiarios.

f) Son financiadas (principalmente) por cargas económicas llamadas “aportes” y “contribuciones”.
 

6. Diferencias con las Obras Sociales Nacionales (OSN)

a) Los beneficiarios de las OSN tienen los derechos de renunciar a su obra social de origen y de elegir la obra social a la cual se quiere estar afiliado. Los beneficiarios de las OSP tienen vedado renunciar a su obra social y, como consecuencia, no tienen la opción de elegir obra social.

b) Las OSN son vigiladas, fiscalizadas, por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud). Las OSP no están sujetas al poder de contralor de la SSSalud, sólo deben rendir cuentas de sus acciones a las instancias de contralor del respectivo Estado provincial.

c) Las prestaciones médicas que imperativamente deben brindar las OSN a sus afiliados-beneficiarios, están contenidas en el llamado Programa Médico Obligatorio (PMO) de la resolución 1991/2005. Las OSP no están alcanzadas por la normativa que regula el PMO; cada jurisdicción provincial regula las prestaciones médicas que debe brindar a sus afiliados.

d) Las OSN integran el seguro de salud de la ley 23.661. Las OSP no han adherido al seguro de salud de dicha ley; no obstante que esta norma regula la factibilidad de la participación de las OSP a través de la adhesión al seguro de salud (aplicación arts. 48 a 50, ley 23.661).
 

7. Consideraciones finales. En los apartados nominados “Similitudes” y “Diferencias” entre las OSP y las OSN se marcaron notas que distinguen a las obras sociales provinciales como entes de la seguridad social, que en cada geografía jurisdiccional, se encargan de brindar las prestaciones médicas necesarias para (formalmente) cumplimentar el derecho a la salud de sus afiliados-beneficiarios.

Como faceta negativa, tomadas las OSP como conjunto y respecto de las mismas, surge: i) que no han adherido al seguro de salud de la ley 23.661; ii) que no existe un ente de cúpula (al estilo de la SSSalud) que fiscalice y controle los aspectos financieros y las prestaciones médicas de las OSP; iii) que no existe una norma que establezca un menú de prestaciones médicas homogéneas que deban brindar todas las OSP (tampoco han adherido al PMO de la ley 23.661); iv) la legislación sanitaria que regula a las OSP es fragmentaria, generada en períodos de gobiernos de facto y adolece de la filosofía ínsita en el derecho internacional de los derechos humanos.

Atento a lo señalado, la conformación jurídica de las OSP y su accionar fáctico afecta o lesiona, de modo importante, el derecho a la salud de los beneficiarios de las obras sociales provinciales.
 

Bibliografía

GARAY, Oscar Ernesto - JAIMARENA BRION, Guillermo (2014). Obras sociales Provinciales y el derecho a la salud/. Buenos Aires, Argentina.
 

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Recibido: 31/05/2016; Publicado: 03/2017