Las obras sociales se encuentran sujetas a contralores estatales e integrados al Sistema Nacional del Seguro de Salud, por ser organizaciones de la seguridad social, financiadas mediante el aporte y la contribución obligatorios de trabajadores y empleadores –respectivamente–, cuyos fines son la prestación de servicios de salud y sociales a los beneficiarios.

El Estado controla y regula su funcionamiento a través de distintos mecanismos y brinda a los afiliados la opción de elegir la entidad que le ha de prestar esos servicios.